Un ejercicio estéril, inútil. Eso fue la “jornada única” del Poder Legislativo para escuchar opiniones sobre la reforma judicial que viene. Algunos ministros propusieron elementos interesantes, pero desde su trinchera no dejan de ser paliativos y desde la del régimen son irrelevantes.
Porque al obradorato no le interesa gradualismo alguno: su objetivo es deshacerse de todos los jueces que contradigan o invaliden actos del Ejecutivo o Legislativo, por más inconstitucionales que sean tales actuaciones.
Quizá las participaciones más infames fueron las de Lenia Batres y Arturo Zaldívar —que cobardemente habló al final, para que nadie pudiera refutar sus mentiras e insultos a los ministros de la Corte—. La mirada de desprecio que la presidenta Norma Piña le dedicó a Zaldívar merece la portada de un diario.
Si lo de Zaldívar fue un repertorio de falacias y calumnias, lo de Lenia Batres fue un catálogo de tonterías. Sus argumentos son tan desfasados que parecen sacados de los radicales franceses de 1795. Poco faltó para que dijera, como si fuera un miembro del Directorio, que «los jueces no pueden inmiscuirse en el ejercicio del poder legislativo ni hacer reglamento alguno. No pueden detener o suspender la ejecución de ninguna ley, ni citar ante ellos a los administradores en razón de sus funciones»[1]. De hecho, esa referencia a una norma francesa de hace tres siglos hubiera sido más concreta que su rollo malhecho e ignorante.
La visión de Lenia Batres no solo es cavernícola, evidencia nuevamente su falta de compresión de lo que este país ha hecho en materia de garantías constitucionales en los últimos ciento setenta años.
La arrogancia del régimen recuerda los excesos de la Segunda República española, que se sintió con el derecho de asesinar sacerdotes, quemar templos y, durante la guerra civil, establecer casas de tortura tan horrendas —las checas— que inspiraron la Habitación 101 de la novela 1984, de George Orwell.
Los morenistas aún no llevan a la hoguera a nadie, pero las invectivas de Zaldívar y Batres fueron, de hecho, acusaciones a los jueces de traición a la patria. El punto es que los excesos del republicanismo español fueron una de las causas de la reacción violentísima que llevó a una dictadura. El gobierno moreno no está calculando las consecuencias políticas y sociales de su soberbia en el ejercicio del poder.
Ni el mesianismo enano de Zaldívar, ni los rebuznos de la ministra Batres pueden cancelar la realidad. El expresidente de la Corte sabe que la supervivencia del actual Poder Judicial implicaría que continuara la investigación en su contra por actos de corrupción y delitos contra la administración de justicia. Él se juega su libertad en este trance, de ahí su tono histérico.
La nota humorística la dio la ministra Yasmín Esquivel, que defendió la elección popular para recuperar la confianza en los juzgadores, de los que afirmó que deben contar con la preparación jurídica y conocimiento de las materias que van a juzgar.
Ese discurso habría tenido un poco de credibilidad si no hubiera venido de una ministra acusada de plagio múltiple.
Pero así es el régimen de López: una infamia vestida de charlotada.
[1] Vid. Artículo 303 de la Constitución francesa del año III, consultable en la dirección electrónica http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evolucion/textos/cf1795.htm#B
EN LA MIRA 