Vulgaridad jurídica

 

El vulgar ignorante, a todos reprende y habla más de lo que menos entiende.
Anónimo.

Las sociedades siempre tienen su elemento vulgar: lo normal, lo ordinario, es que haya personas que no conocen más que la parte superficial de una cuestión o materia.

El problema es cuando la vulgaridad alcanza las esferas donde debería existir la sabiduría y la cultura elevada.

Roma padeció ese problema: después de tener un sistema jurídico sofisticado y erudito, se vio contaminada por una plaga de sujetos que trataban los asuntos con una visión limitada y burda. Los historiadores llaman a esa triste época, sin la menor intención de ocultarlo, la “vulgarización del Derecho Romano”.

Como los sistemas jurídicos actuales (en mayor o menor medida) son herederos de Roma, “el caso de los licenciados vulgares” es un antecedente que aporta una lección fundamental para la eficiencia y eficacia social: no debería encomendarse la solución de asuntos complejos a aquellos que carecen del conocimiento, cultura o capacidad suficiente para entenderlos.

Por ejemplo, hubo grupos que se indignaron cuando los diputados federales propusieron que los comisionados del nuevo IFAI fueran abogados. Son los mismos colectivos que patalearon porque se estableció que las resoluciones de ese instituto podrán revisarse por la Suprema Corte de Justicia. Es decir, hay grupos de presión que esperan que a) el derecho de acceso a la información no sea garantizado por expertos en Derecho; y b) que las decisiones de ese supuesto órgano garante no sean revisadas por juristas.

En el papel, el IFAI será el órgano supremo de protección del derecho humano a la información. Y, de la misma manera que no se le encomienda a un ingeniero una cirugía de estómago, resulta disparatado que un no abogado resuelva sobre derechos de las personas. La vulgarización jurídica le apuesta a que las leyes y los derechos son cualquier cosa y que, para resolver litigios, resulta innecesario estudiar una carrera, practicarla y cultivarse. Los colegios y barras de abogados deberían ser los primeros en cuestionar que se asuma al Derecho como una disciplina de “hágalo usted mismo” y no como una actividad profesional que sólo puede realizarse por especialistas. En suma, los grupos de transparentistas buscan la vulgarización del derecho a la información.

Esta situación no pasaría de ser una extrañeza jurídica, si esa vocación a la vulgaridad no hubiera alcanzado a instancias judiciales, donde se ponen, en tinta y papel, argumentos que se refieren al desempeño de equipos de fútbol, referencias a Disneylandia y construcciones sin orden y sentido de la lógica, cultura jurídica y argumentación legal.

Imagínese, amable lector, que la sentencia de un asunto de su interés sostiene que no se le otorgará lo que demanda, porque sus planteamientos se parecen a la forma en que juega el Atlante o que los argumentos de su contraparte son como los del Pato Donald. ¿Podría tomarse en serio a un juez que sostiene semejantes barbaridades y las pone en un documento que debe atender temas importantes con seriedad?

Esta vulgarización jurídica no sólo evidencia malos modales y poca educación, revela incapacidad para analizar los problemas legales y pobreza intelectual. Más que broma y chacota, debería causar preocupación que exista una tendencia a tratar los derechos de las personas como si fueran tacos o tostadas.

Al Derecho Romano le tomó siglos recuperarse de los vulgarizadores jurídicos. En esta época, en que la reforma de derechos humanos debería llevar a México a una era dorada, la sociedad justa tiene a sus enemigos en quienes, en su ignorancia y soberbia, asumen que analizar el Derecho es labor de aficionados.