Estupidez sincera e ignorancia suprema

 

Por definición, la estupidez es dañina. Perjudica a su autor y/o a los demás. Además, cuando el tonto es detentador del poder, el efecto expansivo de su torpeza es terrible. En política pública llamamos ocurrencias a las estupideces puestas en marcha desde el poder, o sea, a cualquier acción de gobierno carente de factibilidad, ya sea por su mal diagnóstico del problema, errónea identificación de sus causas, adopción de soluciones que no son tales, o por su pésima planeación, programación o ejecución.

En ese contexto, el de la política pública, López Obrador es un gobernante muy ocurrente: megafarmacias, aeropuertos horribles e incomunicados, aerolíneas malhechas y pagadas con recursos públicos, refinerías que se inundan recurrentemente y que no refinan, trenes que destruyen selvas y contaminan el agua, desaparecer apoyos a guarderías y reconducir sus recursos a programas asistenciales sin padrones transparentes, remakes de la Conasupo que no suministran bienes pero desvían miles de millones de pesos, destrucción de la ciencia y tecnología “porque es neoliberal”, programas de salud que dejaron de ser eficaces por ajustes innecesarios e incorrectos, así como un larguísimo etcétera.

La novedad es que sus propagandistas ahora afirman que este conjunto de desatinos presidenciales no viene del dolo, la mala intención o el propósito de mentir o engañar, sino de la sinceridad.

Confieso que solté una carcajada cuando escuché esa aseveración en un episodio de Es la hora de opinar. Y recordé la famosa frase “no me ayudes, compadre”. En su afán de torcer la realidad, una propagandista del régimen convirtió a López Obrador en un ignorante bien intencionado o un estúpido sincero.

Porque no hay justificación de que el gobernante más poderoso de este país no sepa o comprenda las cuestiones básicas de política pública. Para eso tiene asesores y secretarios que deberían servir para algo diferente que darle por su lado.

Lo peor de todo es que quizá esa propagandista del obradorismo tenga razón y López sea alguien que se cree lo que dice. Y esto confirma la vieja crítica que Sartori hizo al socialismo/izquierda por el doble estándar zurdo: evalúan a su tribu por sus intenciones, mientras condenan al capitalismo/derecha por sus resultados.

Lo que está detrás del alegato de la sinceridad presidencial es la afirmación de que López es un tonto bienintencionado. No es que mienta constantemente, como ha contabilizado Luis Estrada, sino que difunde falsedades y comete malhechuras porque no sabe.

Lo grave es que, de aceptar esa tesis, López nunca estuvo capacitado para gobernar.

Martin Luther King sostenía que “nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda”. Más de 600 mil muertos durante la pandemia, crecimiento económico nulo y disminución del poder adquisitivo de las clases medias confirma esa afirmación y que López Obrador era y es un peligro para México…

Mendieta, el pernicioso

(Texto publicado originalmente el 21 de julio de 2019)

“Pernicioso, sa.

Del lat. perniciōsus.

1. adj. Gravemente dañoso y perjudicial”.

RAE. Diccionario de la lengua española.

Esta parte del mundo tiene una historia de embusteros y charlatanes que surge desde antes de que existiera México: Cortés embaucó a los aztecas y tlaxcaltecas, Picaluga traicionó a Guerrero y Henry Lane Wilson concentra lo peor del intervencionismo estadounidense.

Por otro lado, los mexicanos hemos sido bendecidos por algunos extranjeros nobles y buenos, que han regresado al ciento por uno lo que el país pudiera darles: desde el belga Camille Pirotte hasta don José Gaos, pasando por el noble Tatsugoro Matsumoto y don Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, nuestra nación ha sido favorecida por el trabajo, generosidad y sabiduría de extranjeros.

En particular, México tiene una gran fortuna en los inmigrantes españoles, que verdaderamente han hecho patria en estas tierras. No obstante, a veces surge algún vividor que viene a timar a los ciudadanos e instituciones. Uno de esos bribones es Abraham Mendieta.

Los estafadores tienen una herramienta básica en su repertorio de artimañas: la distracción. Desde el que engaña con “¿dónde quedó la bolita?”, hasta el carterista del famoso “dos de bastos”, los pillos utilizan el despiste como mecanismo para asegurar la eficacia de sus tretas.

Una de las especies del desvío de atención es la del “loco con su tema”. Por ejemplo, ante una serie de señalamientos, el acusado escoge uno —el que le parece más débil—, le pone una etiqueta que no le corresponde, pero que al inculpado le resulta conveniente y se aferra a defender su definición del asunto, abstrayéndose de todo lo demás que le marcaron. Eso es lo que hizo Mendieta con su alegato absurdo “de que quieren expulsarlo de México por ejercer su libertad de opinar”[1].

Empecemos por desmontar la mentira: lo que hace Mendieta no es “opinar”. Si mi tío de Asturias está jugando dominó en un café de Guadalajara y se queja de que “el maldito gobierno no limpia bien las alcantarillas y por eso hay inundaciones”, su opinión está tutelada por el artículo sexto constitucional y tiene todo el derecho de criticar al mal gobierno. Si decide mandar una carta al diario solicitando que destituyan al funcionario encargado de desazolvar desagües, porque es un inepto, también ejerce su libertad de opinar dentro de los límites de la regularidad constitucional. Si su molestia aumenta y participa en la asamblea de colonos de su fraccionamiento, redacta y firma una carta colectiva exigiendo al alcalde que haga su trabajo, también lo protege la Constitución. Como ya está muy cabreado, si opta por escribir una columna en un diario en la que explica el mal manejo financiero de ese departamento, señalando montos asignados y falta de resultados, también ejerce la libertad que le tutela el mencionado artículo sexto.

Pero, si mi querido tío escoge tuitear a favor de un candidato que promete cesar a los funcionarios municipales incompetentes, se dedica a pelear en redes sociales con los detractores de ese candidato y, cuando gana la elección, se va a trabajar como asesor de un regidor de su partido, mientras escribe columnas en contra de los críticos de su ídolo, al que defiende a capa y espada, eso ya no es libertad de expresión, sino que mi tío se está entrometiendo en asuntos políticos de México… y, como es extranjero, esa conducta está constitucionalmente prohibida.

Como el terco, al igual que la cabra, tira al monte, seguramente Mendieta seguirá con su necedad de que sólo se expresa libremente, pero, para su mala suerte, presentó un artículo en Nexos donde se ostenta como “consultor político en distintas campañas federales de Morena en México”[2]. Si es consultor político de un partido nacional, ¿no es evidente que se inmiscuye en asuntos políticos del país? 

Mendieta, como embustero que es, invoca la reforma constitucional de 2011 para decirse protegido de hacer lo que hace —a lo que califica de “opinar”, pero que  en realidad es una intrusión plena en política interior mexicana, prohibida constitucionalmente—, pero nuevamente se equivoca: la Corte Suprema determinó que las restricciones expresas, establecidas en la Constitución, prevalecen frente a cualquier tratado[3]. Lo bueno es que Mendieta cobra como asesor del Senado e ignora este tema, que es indispensable para cualquier proceso legislativo.

Resuelto el punto de que el señor Mendieta no “opina”, sino que se inmiscuye en los asuntos políticos del país y el artículo 33 constitucional prohíbe que los extranjeros se metan en esas cuestiones, hay que recordar que, además de entrometido, no ha respetado las leyes migratorias y tributarias de México[4].

El podemita puso una trampa y la gente cayó en ella: el señor tiene una calidad migratoria que le impide ser asesor en una cámara legislativa, su estatus es incompatible con el pago del impuesto sobre la renta (desembolso que debería hacer, porque recibe un sueldo) y está interfiriendo en los asuntos políticos de México, lo que está tajantemente prohibido por la Constitución. Pero él dice que lo fustigan “por opinar”… y mágicamente su condición migratoria ilegal, evasión fiscal y entrometimiento en asuntos políticos que no le corresponden, se convierten en “opinar”… y varios le compran el cuento.

El silogismo es muy sencillo: si la a) Constitución establece que los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país; b) Mendieta es “consultor político en distintas campañas federales de Morena en México” y cobra como asesor en el Senado; por tanto, c) interviene en política interna mexicana y su conducta contraviene la Constitución.

Si alguien no respeta las leyes migratorias y fiscales, violenta la Constitución, insulta a nacionales del país y, en el colmo de la desfachatez, invoca la libertad de expresión prevista en el sexto constitucional, pero es un empleado de gobierno que bloquea mexicanos en redes sociales —vulnerando el derecho a la información de los que sí pueden intervenir en asuntos de política interna—, estamos en presencia de un sujeto dañoso y perjudicial para el país: un pernicioso.

Mi familia es de inmigrantes, detesto la xenofobia, pero es legítimo preguntar si los senadores de Morena no están vulnerando el artículo 32 de la Constitución, que señala que “los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano”: ¿en verdad no hay mexicanos más competentes para hacer la labor de asesor legislativo por la que cobra Mendieta, que ni siquiera conoce los criterios de la Suprema Corte mexicana?

Tirar dinero de los contribuyentes en subvencionar a un sujeto ignorante y faccioso, ofensivo con los mexicanos e irrespetuoso de las leyes del país, es perjudicial y gravemente dañoso. Una cosa es que un mexicano insulte al expresidente Calderón y otra que un invitado a nuestra nación lo compare con el asesino y traidor Victoriano Huerta[5]: Mendieta es un extranjero pernicioso, entrometido en asuntos que la Constitución le prohíbe y que seguramente está contratado en violación del artículo 32 constitucional.

Ese sujeto nocivo debería salir del país y al presidente López le toca demostrar que eso de “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie” no es la regla a secas exclusiva para los enemigos, sino que también aplica a los prosélitos que esperan gracia e impunidad del gobierno actual.

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[1] https://twitter.com/abrahamendieta/status/1151705626785079297

[2] https://redaccion.nexos.com.mx/?p=9641

[3] Las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá atender a lo que indica la norma constitucional. Cfr. https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=24985&Clase=DetalleTesisEjecutorias

[4] El asunto ya fue reclamado por el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, desde febrero de este año: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-02-12-1/assets/documentos/GPPAN_Senadores_Abraham_mendieta.pdf

[5] https://twitter.com/search?q=%23CalderonEsHuerta%20%40abrahamendieta&src=typd y, particularmente, https://twitter.com/abrahamendieta/status/1146822263020412930

La culpa no la tiene “el güero”

En la conferencia matutina del miércoles 6 de marzo de 2024, Elizabeth García Vilchis, colaboradora del presidente López y encargada del segmento Quién es quién en las mentiras de ese espacio, exigió, sin que el jefe del Ejecutivo se opusiera a ello, que el Instituto Nacional Electoral interviniera respecto a las declaraciones de Jorge G. Castañeda en el programa Es la hora de opinar del lunes 4 de marzo, que estiman son “acciones antidemocráticas”. Pidieron, en plural, que Televisa y el Instituto Nacional Electoral revisen, “no con el ánimo de censura, es para que la gente se dé cuenta”, que el órgano electoral “intervenga en este tipo de aseveraciones que se hacen en programas de Televisa, y también a Televisa que revise este tipo de contenidos con sus comentaristas”.

¿Qué dijo Castañeda en Es la hora de opinar? Señaló que en la campaña de Xóchitl Gálvez no han puesto en marcha una campaña negativa o de guerra sucia contra Claudia Sheinbaum. Castañeda aclaró que no recomendaba que la hicieran, que él no tiene “vela en el entierro”, pero que le parecía lógico, de manual de campañas, que se usara el “go negative” con Sheinbaum y López Obrador, pero sobre todo con ella “con investigación de oposición, con chismes, con todo”, pero que “no lo están haciendo”.

Elizabeth García Vilchis expresó su indignación porque Leo Zuckermann y los integrantes de la mesa de los lunes en Es la hora de opinar no dijeron nada “ante esta declaración a todas luces antidemocrática” de Castañeda. También dio una nota de humorismo involuntario al homologar una mentada de madre de Héctor Aguilar Camín a López Obrador, proferida en otro contexto, con una mancha a “la figura presidencial, la investidura, a nuestro país, en estos actos tan antidemocráticos”. Más allá de la impostura propagandística del régimen, hay dos puntos centrales a tratar: 1) si la Constitución prohíbe las campañas negativas (lo que no es obvio); y 2) si los dichos de Castañeda constituyen apología de una figura ilícita o solo son un mero comentario, dentro de los márgenes constitucionales de la libertad de expresión.

La Constitución únicamente señala que “los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión”, que “ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”, que “queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero” y que, muy importante para este caso, “en la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas”.

Dado que a) Jorge G. Castañeda no es candidato; b) no actúa como integrante de un partido; y c) su participación en un programa de debates no es propaganda contratada en televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular; se pueden establecer cinco conclusiones.

I. Hay una primera cuestión a puntualizar: no afecta la equidad de la competencia electoral que se critique al presidente o se señalen presuntas irregularidades cometidas por él o sus familiares, por la simple y sencilla razón de que ninguno de ellos es candidato a un cargo público de elección popular. En el colmo del cinismo, López pretende que sea considerada como un derecho su ilegal condición de jefe de campaña/candidato que no está en la boleta: el señor al que la Constitución le prohíbe intervenir en las elecciones, se duele de que su imagen se vea afectada dentro de estas. Dicho de otra manera: ¿no se supone que está al margen del proceso?

II. En segundo término, la incongruencia legal viene acompañada de una incoherencia política: el personaje que tiene veinticuatro años insultando, criticando, señalando y ofendiendo a todo aquel que no opina como él, no quiere que ni siquiera se sugiera el exponer sus posibles fallas y errores. La ironía es que, desde su inventada superioridad moral, el presidente acusó a los medios de sentirse bordados a mano, incapaces de aceptar que los toquen ni con el pétalo de una rosa y dispuestos a señalar la paja en el ojo ajeno, sin apuntar las vigas en los propios… cuando el que porta esas incongruencias es el mismo López Obrador. El epíteto de cobarde matoncito, dado por un expresidente boliviano, se confirma en esta conducta, que puede resumirse en la coloquial frase “le gusta hacer, pero no que le hagan”.

III. En tercer lugar, aunque la Constitución dijera, con letras de oro, que están prohibidas las campañas negativas, esta disposición sería inconvencional. No está prohibido “hablar mal de un candidato”, lo que se prohíbe es calumniar, injuriar, difamar… y no se necesita que la Constitución lo explicite: son los límites racionales de la libertad de expresión. Planteado en español usual: es ilegal mentir sobre un candidato, insultarlo sin motivo, o exponer su intimidad sin una razón justificada, lo que no está prohibido es ventilar videos donde él o sus colaboradores reciben sobres con dinero, planean actos irregulares o pactan negocios al amparo del poder.

IV. En cuarto lugar, Castañeda no recomendó un acto ilícito. No dijo “deberían acusar a Sheinbaum de delitos que no cometió”. Su exposición se parece a la de un profesor de derecho penal que explica en clase los elementos del homicidio calificado: al dilucidar qué es premeditación, alevosía y ventaja, no está haciendo apología del asesinato. Al señalar qué tipo de evidencias y argumentos podrían hacer que la fiscalía no probara la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable, no comete un delito. Si los números de las candidatas no se han movido de manera significativa, la lógica de campañas recomienda aumentar los negativos de la puntera. Bajo el absurdo criterio de López y Vilchis, los autores de los libros sobre estrategias electorales deberían estar en Alcatraz y tirar las llaves de sus celdas.

V. En quinto término, esta situación confirma la verdad del viejo dicho que recomienda no criar cuervos, porque te sacarán los ojos. Fue una mala decisión abrirle la puerta de Es la hora de opinar a propagandistas del obradorismo (sí, son propagandistas, algunos de ellos incluso son parte del equipo electoral de Sheinbaum): si de por sí es errado intentar apaciguar a un tirano, resulta peor hacerlo por la vía de llevar paleros a una mesa de analistas, porque disminuye la calidad del debate y de todos modos no evita los afanes de censura desde la presidencia de la República. En el caso, de entrada existen dos lamentables anomalías: a) hay una deshonestidad flagrante en participar en una mesa de analistas cuando se pertenece a una de las partes examinadas; y b) estos convidados/hinchas carecen de las capacidades de los panelistas usuales. Algunos de ellos han dado episodios vergonzosos, exponiendo teorías de la conspiración propias de un programa sensacionalista o argumentaciones que solo se admitirían si las falacias en grado de maroma fueran deporte olímpico. Si la nota distintiva de Es la hora de opinar era la calidad de sus analistas, incorporar a estos personajes del obradorismo es un contrasentido. Resulta deseable tener todo tipo de voces en un debate plural de los asuntos públicos, lo que es equivocado es incorporar gente sin la capacidad necesaria para discutir con solidez y seriedad estos temas. Personas como Javier Tello o el difunto Nacho Marván son ejemplos de que sí se puede tener analistas de izquierda con el nivel apropiado. Una salida digna en este tema sería prescindir de los propagandistas del obradorismo: si el régimen pide la censura de un programa televisivo donde participan sus promotores, lo congruente es que ellos se retiren de ese espacio, que su jefe considera indigno.

Más allá de todo esto, mi solidaridad con “el güero” Castañeda, que de todo podrán señalarlo, menos de conservador.